El Acuerdo Comercial contra la Falsificación, mejor conocido como ACTA, fue rechazado casi de forma unánime por el Parlamento Europeo, con sólo 39 votos a favor y 478, en contra, asestando así un golpe prácticamente mortal al documento y a sus promotores de los países industrializados.
ACTA era un proyecto de ley multilateral a todas luces radical que pretendía impedir la reproducción ilegal y contrabando de materiales intelectuales físicos y digitales protegidos, a través de medidas que atropellaban el derecho a la privacidad, a la expresión e incluso a la salud de las personas, puesto que también comprendía entre sus líneas el ámbito del flujo de medicamentos de bajo costo.
No habrá cirugía de emergencia, ni trasplante, ni largo periodo de recuperación para salvar a ACTA: es tiempo de darle sus santos óleos, es momento de permitirle a sus amigos que estén de luto, y a nosotros seguir adelante con nuestras vidas, celebró el socialista británico, David Martin.
En primera instancia y al igual que SOPA, el proyecto ACTA parecía tener buenas intenciones, pero fueron las formas las que supusieron su peor obstáculo y perdición, ya que por lo menos para el caso de Internet pretendía imponer estrategias persecutorias, invasivas y casi de corte policial para evitar que los usuarios intercambiaran material bajo sospecha de protección de derechos de autor, confiriéndole el carácter de criminal a la compartición de archivos o al uso legítimo de contenidos con fines informativos.
Lo anterior, por supuesto, tenía implicaciones para la libertad de expresión también, pues cualquier cita, parafraseo o redacción que empleara el mínimo fragmento de información protegida podría ser objeto de esta persecución, arrastrando consigo incluso a los proveedores de servicio de Internet bajo cuyo contrato estuvieran los redactores de estos textos hipotéticos.
La Comisión de Comercio del Viejo Continente una de las principales partidarias de ACTA seguirá a la espera del fallo de la Corte Europea de Justicia, el cual determinará si el documento realmente supone un riesgo potencial para los derechos antes expuestos, pero la aplastante decisión parlamentaria, aunada al rechazo popular hecho manifiesto mediante multitudinarias marchas y una petición firmada por cerca de tres millones de ciudadanos, realmente le dejan muy poco margen de acción al proyecto.
Cabe acotar que el rechazo de ACTA no supone una apología implícita a prácticas como la piratería, el contrabando y la reproducción ilegal de información. De hecho, debemos darle crédito a Karel De Gucht, representante del bloque pro-ACTA, quien acertadamente declaró que el rechazo del proyecto no hace desaparecer las mencionadas problemáticas, sólo que habrá entonces de buscarse una alternativa más eficiente y que no cuartee las libertades.
El Stop Online Piracy Act o SOPA, un proyecto de ley similar a ACTA pero en los Estados Unidos permanece prácticamente atorado en la Cámara de Representantes de aquel país ante la falta de consenso.
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