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Piratería, ¿se atreverán los senadores?
Marco A. Mares
2/7/2006
De acuerdo a cifras oficiales, en México la economía informal es ya del mismo tamaño que la economía formal.
Y en la economía informal, mayoritariamente se comercializan productos ilegales. En consecuencia, más que economía informal, es en realidad economía ilegal. En las calles de todo México se comercializan productos robados y piratas.
Por eso es urgente que alguien ponga un tope y comience a eliminarse la nociva economía ilegal que está minando a la economía nacional, con la falta de respeto al Estado de Derecho, la delincuencia organizada o amafiada creciente, la delincuencia desorganizada o individual, al alza y lo peor, la destrucción de importantes industrias generadoras de empleos como la del software y de discos, cine, videos, entre otras, muchas.
La economía ilegal y la piratería están socavando la seguridad, a la empresa formal y la creación de empleos.
En ese sentido, hoy más que nunca, la Cámara de Senadores tiene una responsabilidad histórica.
El pasado 14 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que modifica diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, del Código Penal Federal y de la Ley Federal del Derecho de Autor, con lo cual el delito de la piratería será perseguido de oficio, con sanciones económicas y cárcel a quienes vendan productos falsificados y a quienes los compren.
El 15 de diciembre, el dictamen fue turnado a la Cámara de Senadores para su aprobación.
El dictamen contempla cinco aspectos fundamentales para atacar y erradicar la producción y comercialización de productos pirata en nuestro país: 1) La persecución de oficio de la delincuencia organizada que participa en la cadena de producción de artículos pirata. 2) La imposición de sanciones administrativas a los consumidores que adquieran mercancía pirata. 3) La compensación económica al titular de los derechos que son violados por la piratería. 4) La igualación de las penas impuestas a los vendedores ambulantes que violen derechos de autor o de propiedad industrial. Y, 5) La eliminación de ambigüedades en la ley para una correcta impartición de la justicia.
En general, las sanciones van de 6 meses a 6 años de prisión y multas que van de 5 a 30 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien venda productos y artículos piratas.
Con la finalidad de reducir la demanda de productos piratas se prevé una multa de 1 a 100 días de salario mínimo a quien se sorprenda comprando productos pirata y, en caso de reincidencia, se hará acreedor, además de la multa, a un arresto administrativo hasta por 36 horas.
De ser aprobadas estas medidas, se espera:
1.- Reducir considerablemente esta mala práctica
2.- Asestar un fuerte golpe al crimen organizado
3.- Proteger el trabajo de muchas familias que viven de la creatividad y la investigación,
4.- Generar un mayor número de empleos formales y
5.- Permitir a los gobiernos beneficiarse con mayores recaudaciones tributarias.
En México la piratería lesiona a un gran número de industrias: software, música, cine, video, libros, ropa, calzado, vinos y licores, juguetes, perfumes, medicinas, televisión por cable, etc.
De acuerdo al último Informe Global sobre Piratería de Software, que publica Business Software Alliance, México tiene un índice de piratería del 56% (la media mundial es de 37%).
Esto es que por cada 10 programas de software instalados, casi 6 son copias piratas. Las pérdidas por piratería para la industria de software en nuestro país ascienden a alrededor de 200 millones de dólares anuales y se calcula que de reducirse la piratería en 25% de su nivel actual, podrían generarse 35,500 empleos formales tan sólo en esta industria. El trabajo derivado de la creatividad, investigación o innovación tecnológica requiere de un marco legal que lo proteja efectivamente contra el plagio y la mutilación.
Sin embargo, la legislación mexicana dificultaba la sanción legal para quienes realizan reproducción pirata o ilegal de obras de diversa índole, y más aún, dicha legislación representaba un obstáculo para erradicar la piratería, perjudicando a un gran número de industrias y, por lo tanto, a un gran número de personas que han perdido sus empleos.
Gran parte de la solución a esta problemática radica en una legislación que inhiba tanto la oferta como la demanda de productos ilegales. De entrada, el marco legal que se necesita es uno en el cual la piratería no sea un delito que se persiga por querella o denuncia previa, lo que significa que el Estado pueda actuar de oficio.
De acuerdo a los registros de la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas (Amprofon), que preside Fernando Hernández, el 70% del mercado de la música ha sido afectado por la piratería, lo que ha arrojado pérdidas por 4,312 millones de pesos al año, la desaparición de siete mil puntos de venta de discos de música originales y la eliminación de 29,500 empleos.
Ojalá que los Senadores aprueben la ley para castigarla piratería. ¿Se atreverán?
Correo electrónico: marcomares@prodigy.net.mx
